Las recientes declaraciones del ministro de Justicia,
Alberto Ruíz Gallardón han puesto sobre la mesa el tema del aborto. Este afirmó
que existe una violencia de género estructural que empuja a las mujeres a
interrumpir su embarazo. El nuevo Ministro ha sacado sin demora este asunto, que
iba en el programa del Partido Popular, y que parece va a derivar en una vuelta
a la ley de 1985.
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| Fuente: escolar.net/?s=blog |
Desde que se aprobó la primera ley reguladora de la
interrupción voluntaria del embarazo los sectores más conservadores y
reaccionarios han puesto el grito en el cielo en repetidas ocasiones. Consideran
que esta práctica es similar a un asesinato y que impera el derecho del non nato sobre la elección de la mujer.
Ahora este nuevo gobierno les está dando voz. Pero es necesario señalar que la
práctica del aborto ha existido siempre. Desde la antigüedad, cuando se abortaba
introduciendo una esponja con productos tóxicos en el útero, hasta la
actualidad, donde la interrupción se produce en lugares habilitados y por
personal cualificado.
Les guste o no a los sectores más reaccionarios de
esta sociedad, el aborto se va a seguir practicando. ¿No es preferible que se
establezca una regulación y unas garantías para las mujeres? La ley de 1985
intentó arrojar algo de luz sobre este asunto y estableció tres supuestos en los
que se podía interrumpir el embarazo en unos plazos prefijados. Los supuestos
son riesgo grave para la salud de la mujer, violación y malformación del feto.
Cuando una mujer alegaba un riesgo grave para su salud la ley no establecía una
limitación de tiempo. Esto supuso un verdadero coladero de prácticas abortivas.
La ley de 2010 despenaliza completamente el aborto
durante las primeras 14 semanas de gestación. A partir de este plazo solo se
podrá interrumpir el embarazo si se detectan anomalías en el feto. Esta ley
también establece la preponderancia de la voluntad de las mujeres de 16 y 17
años sobre la voluntad de sus padres, aunque obliga a informar a uno de estos.
Esta ha sido una de las principales batallas emprendidas por la derecha española
para modificar la ley.
Una vez más, los sectores reaccionarios de la
sociedad española han presionado a los poderes públicos para que legislen en
función de su moral y sin atender a las verdaderas necesidades y realidades que
se vislumbran en nuestro país. Es necesario que estos sectores dejen de
enarbolar la bandera de la protección moral de las mujeres y que miren a la
realidad. Y es que con la ley de 2010, que flexibiliza la práctica del aborto,
no se han producido más abortos que en años anteriores. No estamos ante una
situación de amenaza a la vida. Simplemente se arroja luz y se ofrecen garantías
sobre una práctica muy extendida.

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