La Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa un
nuevo plan de privatización del Canal de Isabel II con el que pretende poner a
la venta el 49% de la empresa antes de verano. La privatización del Canal es, en
palabras de la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre “una inversión
segura porque todo el mundo bebe agua, tanto en tiempo de vacas gordas como de
vacas flacas”.
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| Fuente: lacomunidad.cadenaser.com |
Muchas son las voces que han criticado este plan.
Destacan las movilizaciones de socialistas, IU y asociaciones ecologistas y
vecinales. Los más de 2200 trabajadores de la empresa también se han posicionado
mayoritariamente en contra. El principal obstáculo que se presenta ante la
operación es la sombra de un litigio, que podría reventar el plan. La estrategia
que van a seguir quienes no están de acuerdo es que la inseguridad jurídica
ahuyente a los inversores.
Este anuncio de privatización parcial de las aguas de
la región es un paso más en la escalada liberal de la presidenta, que esboza
razones económicas para justificar su plan. Sin embargo, la empresa en manos
públicas es rentable. En 2010 ganó 114 millones de euros. También se ha señalado
que la privatización mejoraría la gestión, una falacia puesto que el Canal se
fundamenta en una serie de convenios entre los diferentes municipios y es este
consenso y la administración unificada los que dotan de eficacia al sistema.
Otro problema que presenta la operación es la complejidad, puesto que las
infraestructuras pertenecen a diferentes instituciones que deberían ponerse de
acuerdo para sacar adelante el plan de Aguirre.
La falta de consenso es total, y no solo en sectores
contrarios al PP. 42 municipios de la Sierra de Madrid, mayoritariamente
gobernados por el partido de Aguirre, han criticado la privatización. Mientras
tanto, el pasado domingo diferentes colectivos salieron a la calle para
consultar a la población sobre este proyecto. Los resultados demuestran el
rechazo mayoritario a la puesta en manos privadas de un bien tan básico y
fundamental como el agua. Pero Aguirre desoye a la calle y sigue con sus cada
vez menos disimulados planes de privatización y liberalización de diferentes
sectores. Los servicios públicos de la Comunidad de Madrid siguen corriendo
peligro. Ahora se ha abierto la veda al agua.
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